EL AEROPUERTO Y LA LEGALIDAD

Una de las sorpresas que dio López al llegar a la presidencia fue la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, aduciendo a causas de daño ecológico, explosión demográfica, sobreexplotación de agua, el despilfarro de recursos públicos, y corrupción en el otorgamiento de contratos; esta cancelación marcó un hito en la forma de gobierno y en las decisiones asociadas a grandes proyectos de infraestructura, ¿Dónde está la ley?

La decisión generó, de inicio, dos grandes demandas del Gerente del Proyecto ante la Cámara de Comercio Internacional por más de 1,500 millones de pesos. Si sumamos los juicios contenciosos administrativos federales contra el Grupo Aeroportuario por el incumplimiento en la entrega del proyecto ejecutivo y las demandas de proveedores particulares por cumplimiento forzoso de contratos, hablamos de un daño aproximado de 300 mil millones de pesos.

En lo personal, creo que se trataba de una trascendental inversión en infraestructura, de un diseño vanguardista, digno para la megalópolis que es la Ciudad de México que, en efecto, era oneroso y complejo, pero si hablamos del costo-beneficio, lo valía.

Acto seguido y como cumplimiento de promesas López anunció que sería el ejército el encargado de construir un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, una hacienda de ganado menor al sur del pueblo San Lucas Xolox en las orillas del lago de Xaltocan, predio que fue expropiado por Miguel Alemán para ser utilizados como base militar. Sin ser una experta en derecho militar la ley es clara cuando menciona que el ejército mexicano tiene misiones específicas de carácter militar y, por el contrario, no cuenta con facultades para llevar a cabo misiones de carácter civil, como es la construcción de un aeropuerto en Santa Lucía, y mucho menos para encargarse de su organización operativa, jurídica y de control ¿Dónde está la ley?

Si nos apegamos a la legalidad que rige la actividad de la administración pública, la interpretación de un ordenamiento legal es competencia del Poder Judicial, no una función ejecutiva. Esta función no le corresponde. Sólo debe actuar en el marco que le atribuye la ley: En sus términos exactos. Lo anterior determina que el ejército no tiene competencia para tal cometido; si bien establece que le compete asesorar militarmente la construcción de toda clase de vías de comunicación terrestres y aéreas, en ningún momento señala como parte de sus facultades o tareas llevar la operación, administración y explotación de éstas mediante una sociedad mercantil encabezada por personal militar, en este caso de un aeropuerto. En todo caso el único debidamente acreditado por la ley para construir un aeropuerto sería la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ¿Dónde está la ley?

Es brutal la violación que López ha hecho sin aparente oposición a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Responsabilidades Administrativas, y al Código Penal federal, que contempla el abuso de autoridad de los servidores públicos.

Cancelar una obra pública de esa envergadura sólo es posible en México, no sólo es el costo de la cancelación sino la violación y evasión de todas las leyes mencionadas, estamos en medio de un Presidencialismo que evidencia la escuela del PRI y de una posible puerta al autoritarismo absurdo que se vive en países vecinos.  ¡Ah! Y sin aeropuerto.