UNA MALA Y UNA BUENA SOBRE LAS DEPORTACIONES EN EUA

Donald Trump, quien a lo largo de su campaña sostuvo su amenaza de llevar a cabo la deportación masiva de 11 millones de indocumentados en su país, moderó su postura el pasado domingo 13 de noviembre en su primera entrevista como Presidente Electo concedida a la cadena CBS, al  señalar que iniciará con 2 o 3 millones de aquellos que tengan antecedentes “criminales”, y una vez asegurada la frontera verá qué hacer con el resto  “que son gente buena”-dijo-.

Es claro que el virtual ocupante de la Casa Blanca buscará superar el récord de 2.7 millones de deportaciones de la administración del Presidente Obama, y aplicará, en principio, la misma política de éste al dar prioridad a indocumentados que hayan cometido alguna felonía o delito grave

Lo que no es claro es en qué basa Trump su estimación de indocumentados con antecedentes criminales. En julio pasado el entonces candidato republicano había señalado que unos 180,000 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales estaban en el país, cifra que coincide con un informe del Center for Immigration Studies.

Por su parte, The Washington Post indicó que Trump pudo basarse en un informe del Department of Homeland Security que señala que en 2013 había en el país 1.9 millones de extranjeros criminales,  cifra que incluye a los residentes legales, así como las personas que están en el país con visas temporales. A su vez, el 14 de noviembre, el Migration Policy Institute (MPI), un prestigiado centro de investigación estadounidense, ubicó la cifra de indocumentados con antecedentes penales en 820.000 personas. Así que, para variar, las cifras no le salen a Trump.

Lo que conviene aclarar es que entre los indocumentados a deportar se encuentran varios miles condenados por ingresar sin documentos; aquéllos con órdenes de deportación sin ejecutar y quienes regresaron luego de haber sido deportados; otros que usaron documentos falsos para trabajar o cometieron infracciones de tránsito, que son delitos menores, por lo que llamarlos “criminales” resulta inexacto y exagerado. “La gente que es criminal, pandilleros, traficantes de drogas” a los que se refirió el Presidente Electo en su entrevista a la CBS, suman alrededor de 300,000, según el MPI, y muchos de ellos ya fueron deportados durante el último año de la Administración de Obama.

Y lo que es seguro es que será un proceso largo, de varios meses al menos,  en el que dadas las características del propio Trump y del equipo que lo acompañará en su gestión, habrá muchos abusos, múltiples violaciones a los derechos humanos, mucho, mucho dolor para millones de personas que serán deportadas,  y miles de familias que serán separadas.  Esta es la mala noticia.
La buena noticia es que esta declaración del magnate inmobiliario elegido por 60 millones de estadounidenses como su próximo presidente, generó de inmediato respuestas de apoyo a los indocumentados a lo largo y ancho del país. Por un lado, el mismo día de la entrevista a CBS, el Alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, señaló “Las administraciones pueden cambiar, pero los valores y los principios de nuestra política de inclusión no cambiarán” y aseguró que Chicago seguirá siendo una Ciudad Santuario que protegerá a los indocumentados.

En el mismo sentido se pronunció el Alcalde de Nueva York, Bill de Blassio, quien luego de entrevistarse con Donald Trump el 16 de noviembre, expresó públicamente y de manera determinante, que Nueva York, donde se estima viven 500,000 indocumentados, seguirá siendo una Ciudad Santuario para los inmigrantes, donde todos conviven en armonía.

Sus voces se repitieron en muchas de las ciudades y condados de las llamadas Ciudades Santuario, que suman 360, en más de 20 estados de la Unión Americana, entre las que se cuentan Nueva York, San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Chicago, Seattle, Houston, Phoenix, Austin, Dallas, Washington D.C, Detroit, Salt Lake City, Minneapolis, Baltimore, Portland, Denver, y todo el estado de New Jersey, según información del Center for Immigration Studies.

Las llamadas Ciudades Santuario prohíben a los empleados  gubernamentales y a las policías locales preguntar sobre el estatus migratorio de los inmigrantes, así como brindar información a los agentes federales de inmigración a menos que presenten una orden judicial por delitos penales.

Desde el día 1 de su campaña, Donald Trump amenazó con recortar los fondos federales a estas Ciudades Santuario, que desafían – dijo – la ley de reforma migratoria de 1996. De hecho, varias propuestas legislativas en este sentido han fracasado en el Senado de Estados Unidos, la última, en julio pasado, por lo que resulta digna de admiración la firme postura de apoyo a los inmigrantes indocumentados que mantienen estas ciudades.

Otras voces, mucho más vehementes, en contra de las declaraciones del Presidente Electo sobre las deportaciones que tiene previstas, fueron las de los estudiantes de más de 100 universidades que, respondiendo al llamado del hashtag Sanctuary Campus, difundido a través de las redes sociales, piden que sus instituciones no den información alguna sobre los estudiantes inmigrantes, sin importar su estatus migratorio.

Lo notable es que las numerosas manifestaciones incluyen a estudiantes de algunas de las más importantes universidades de ese país: Harvard, Yale, Columbia, Stanford, Brown, entre ellas, pero también de universidades y colegios comunitarios en varios estados de la Unión Americana, esto es, un grupo de jóvenes pensantes se hace presente para enviar una señal esperanzadora sobre el futuro de la diversidad racial, étnica y cultural que hoy caracteriza a Estados Unidos.

Ahora bien, según datos del Pew Research Center, entre los 11.1 millones de indocumentados en Estados Unidos, se encuentran 5.8 millones de mexicanos. Nos toca a nosotros, AHORA, alzar la voz contra toda vejación contra ellos y, en su momento, acogerlos aquí, solidariamente, como sabemos hacerlo los mexicanos. Es momento de unir fuerzas contra nuestro  enemigo común, el próximo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.    

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