Firme apoyo a nuestros connacionales deportados

Firme apoyo a nuestros connacionales deportados

Hecho inusitado: el pasado 7 de febrero, el Presidente Peña Nieto recibió a 135 mexicanos deportados de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí, el primer mandatario les dio la bienvenida, diciéndoles “Esta es su casa, de aquí se fueron y aquí regresan.  Permítanos que el gobierno los acompañe en este proceso de regreso a su país…no se sientan abandonados y solos”.

Esto muestra un cambio de política hacia esta población cuyo “pecado” fue irse “al otro lado” a buscar las oportunidades que en su momento no encontró en México. Un cambio que no fue expresado con  contundencia sino hasta el 11 de enero, cuando en la clausura de la Reunión de Embajadores y Cónsules, el Titular del Ejecutivo instruyó a los miembros del Servicio Exterior Mexicano, entre otras cosas, a “realizar una firme defensa de los mexicanos en Estados Unidos” y señaló además refiriéndose a la relación con Estados Unidos: “no son negociables principios básicos como nuestra soberanía, intereses nacionales y la protección de los connacionales”.

A los discursos han seguido varias acciones. Entre ellas, dotar de mil millones de pesos adicionales a los consulados para convertirlos en verdaderas defensorías jurídicas que pongan en juego todos los recursos legales  al alcance, para garantizar que los derechos de nuestros connacionales sean respetados; una iniciativa de reforma preferente presentada por el Titular del Ejecutivo para que las instituciones educativas, públicas y privadas puedan incorporar a la educación básica, media superior y superior a los mexicanos deportados a través de un procedimiento expedito de revalidación de estudios, medida que se espera ponga fin al viacrucis que han pasado hasta ahora estudiantes que realizaron estudios en el extranjero; apoyos para conseguir empleo o para iniciar un negocio e incorporación a los servicios de salud.

Consecuentemente, la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones de educación superior abrirán sus puertas para recibir a estudiantes deportados, incluso con becas, como declaró la Universidad Iberoamericana.

Además, en muy diversas declaraciones, funcionarios de distintas instancias gubernamentales tanto del ejecutivo como del legislativo en los ámbitos federal y estatal, han mostrado su preocupación por la crítica situación de nuestros connacionales en el vecino país del Norte, donde viven vilipendiados, acosados, amenazados, y los indocumentados además, temerosos de perder a sus familias, y todos, documentados o no, con la única certeza de un futuro incierto.

A su vez, los partidos políticos se han sumado a esta tendencia, sea de manera auténtica o por jalar agua a su molino, y han iniciado desde el 9 de febrero, distintas giras a Estados Unidos para reunirse con migrantes, organizaciones y autoridades, buscando reforzar la estrategia para la defensa de nuestros paisanos, particularmente los indocumentados.  Incluso, una de estas iniciativas, la “Operación Monarca”, conjunta a varios partidos políticos.

Firme apoyo a nuestros connacionales deportados

Esto es, ahora, el gobierno de México, distintas fuerzas políticas y la sociedad misma muestran una solidaridad extraordinaria con los mexicanos en Estados Unidos que, aunque celebramos, no deja de sorprender. Y es que  a lo largo de la historia poco nos hemos preocupado, y menos aún ocupado de apoyar a nuestros compatriotas ante las amenazas que reiteradamente han enfrentado. Cierto que la historia da cuenta de acciones valientes y solidarias por parte del gobierno mexicano en defensa de los mexicanos en Estados Unidos. Entre las más remotas: al término de la guerra de 1846-1848, México asumió un papel responsable con los mexicanos que quedaron “del otro lado”. Primero, en las negociaciones del Tratado Guadalupe-Hidalgo presionó con empeño porque se garantizaran en ese acuerdo los derechos de la población mexicana, aunque pocos fueron los logros y los que hubo no se respetaron en la práctica. Después, ante los abusos y violencia de que eran objeto los mexicanos, tratados desde el primer momento como extranjeros en su propia tierra, el entonces Presidente de México, Joaquín Herrera (1848-1851), instrumentó un programa para tratar de repatriar a esos mexicanos, a través del entonces Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobernación y Policía a cargo en 1849 de José María de Lacunza. En su convocatoria les ofreció tierras en los estados del Norte y gastos de traslado, oferta que tomaron sólo alrededor de un millar, que fueron repatriados.

No desconocemos tampoco la firme labor que en defensa de nuestros connacionales desarrollan, día con día, los consulados mexicanos en Estados Unidos, ni tampoco una serie de programas de carácter asistencial que varias instancias gubernamentales  llevan a cabo con esas comunidades desde mediados de los años noventa. Pero, justo es reconocer que no hemos sido solidarios con ellos en sus luchas. Los hemos mantenido en el olvido, pese a que 1.5 millones de hogares en México sobreviven gracias a sus remesas, las cuales ascienden a más de 24 mil millones de dólares anuales. Baste recordar la crueldad con la que en los años 50’s se deportó con la llamada “Operación Espaldas Mojadas” a más de 1.3 millones de mexicanos cuyos derechos fueron flagrantemente violados. ¿Qué hicimos entonces el gobierno y los mexicanos “de acá de este lado”?. Y,  que hicimos ante otras embestidas más recientes contra nuestros connacionales: las aberrantes cacerías de indocumentados a manos de rancheros y grupos paramilitares en la frontera con Arizona en los años 90’s; la Proposición 187,  que, aprobada en 1994 por el gobernador republicano Pete Wilson, negaba cualquier tipo de servicio público a personas indocumentadas; la siniestra Ley Sensenbrenner de 2006, una de las más severas de control fronterizo e inmigración, – que parece haber inspirado al actual Presidente Trump- , y que entre otras cosas criminalizaba a indocumentados, sancionaba a todo aquél que no los denunciara y preveía un muro de 1,100 Kms en la frontera;  la Ley de Arizona SB1070 de 2010, que por la sola apariencia permitía detener a cualquier persona por sospecha de que era “ilegal”; Si estas y otras legislaciones fueron suspendidas en las cortes fue debido a las protestas y movilizaciones masivas de inmigrantes, con y sin documentos, que junto con organizaciones mexicano americanas y de defensa de los derechos civiles, hicieron oír sus voces. Y por último, ¿Y que hicimos cuando durante la administración de Obama se deportó en promedio a alrededor de 200 mil mexicanos al año? 

Entonces, ¿Qué motivó un giro de 180 grados en nuestra política gubernamental y en nuestra sociedad respecto a nuestros connacionales en Estados Unidos, particularmente respecto a los más vulnerables por carecer de documentos?

Si las amenazas del nuevo presidente de Estados Unidos contra ellos, contra nosotros, contra México y contra el mundo, es la causa de nuestra firme solidaridad de hoy con nuestros connacionales en el vecino país, entonces tendremos que decir: “no hay mal que por bien no venga”, y esperemos que esta tónica se extienda a los 25 millones de mexicano-estadounidenses, que están allá, en pie de lucha, por los derechos de nuestros paisanos.

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