El peso de (cumplir) la ley

México es un país de leyes, de muchas leyes diría yo. Todos los días, tenemos múltiples noticias de nuevas iniciativas, promovidas por legisladores, por el poder ejecutivo federal, e incluso por organizaciones civiles. Esto con la finalidad de mejorar el entorno social dicho de forma muy genérica y, particularmente, los diferentes ámbitos donde estas nuevas leyes serán aplicadas.

Sin embargo soy un convencido de que la solución a los muchísimos problemas que tiene nuestro país no es la creación de nuevos dispositivos legales tendientes a regular cada uno de los aspectos de la vida diaria de absolutamente todos los sectores de la sociedad. Entonces ¿cuál es la solución? se preguntará con toda razón el lector; desde mi punto de vista personal y profesional la respuesta es muy simple: cumplamos con las leyes que hoy existen. No solo es una respuesta simple, sino que al mismo tiempo es una respuesta que conlleva un trasfondo honestamente aterrador y es que en México la ley no se cumple.

Pero como es que llego a esa conclusión, de nuevo la respuesta es simple: la sociedad no quiere, ni tiene el mas mínimo interés en cumplir con cualquier tipo de regla, desde la mas sencilla regla de elemental urbanidad, hasta nuestra Ley Suprema (la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), la sociedad mexicana, no tiene el más mínimo interés en cumplir con la norma, cuando más un mexicano se manifestará enardecido exigiendo que un tercero (sea individuo, sea un grupo) cumpla con la normatividad, pero es casi imposible escuchar a un mexicano reconocer que actuó mal al no cumplir con una norma, ya sea por haberla violentado accidentalmente o por haberlo hecho con toda intención y premeditación, es mas, hay quienes se vanaglorian de jamás cumplir con la ley o de lograr su cometido, lo cual ya nos lleva a otro enorme problema de este país (mismo que espero abordar en otro momento), que es la corrupción.

Dos ejemplos relativamente recientes roban la atención y comprueban lo comentado líneas arriba, ambos en la Ciudad de México, uno es el reciente Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y el otro es la actividad del denominado City Manager de la Delegación Miguel Hidalgo en la misma Ciudad.

En ambos casos hemos visto reacciones desmedidas por los mecanismos de observancia y sanción a las violaciones al reglamento de tránsito y en el otro por la forma en que se han realizado operativos encaminados al cumplimiento de normas de carácter cívico y de tránsito, llegando incluso al extremo de buscar la protección de organismos de Derechos Humanos para los infractores que son sorprendidos en flagrancia de múltiples violaciones a distintas normas, lo cual incluso es transmitido en tiempo real por la plataforma Periscope (lo cual, a mi juicio, dota a estos operativos de una infalible transparencia).

Casi nadie ha puesto en tela de juicio la validez de las normas cuyo incumplimiento se está sancionando, muy pocos han interpuesto recursos legales en contra del reglamento de tránsito y absolutamente nadie ha cuestionado el fondo de la normatividad vigente en la Ciudad de México que el City Manager busca hacer cumplir (lo cual, dicho sea de paso es la esencia del poder ejecutivo, en todos sus niveles). Las quejas y reclamos de la sociedad se limitan a acusar el uso de tecnología en la aplicación de las denominadas fotomultas, del hecho de haberse contratado a un particular para la instalación y operación de la plataforma tecnológica necesaria para tales fines.

En el caso del City Manager se le critica el hecho de transmitir todos los operativos que efectúa vía Periscope, así como de conductas de carácter discriminatorio; sin embargo nadie ha buscado modificar el cuerpo normativo que se está aplicando y que es en donde, en todo caso, radica una potencial discriminación o afectación de derechos, no en el servidor público que aplica la ley como debe hacerse: a la letra (esta, aclaro, no es mi opinión, es mandato constitucional).